El gobierno federal se acerca cada vez más a otorgarle a su automóvil la autoridad para decidir si usted tiene permiso para conducir, sin una orden judicial, sin el debido proceso y sin ninguna garantía de poder revertir la decisión una vez tomada.
Esto no ocurrió por casualidad. Se convirtió en ley bajo la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleo de 2021 de la administración Biden, oculta en la Sección 24220, una disposición que pocos legisladores debatieron públicamente, pero que ahora amenaza con cambiar radicalmente la relación entre los estadounidenses y sus vehículos.
La Sección 24220 ordena a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) que exija la instalación de tecnología avanzada para la prevención de la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas en todos los vehículos de pasajeros nuevos. En otras palabras, requiere sistemas que supervisen a los conductores y puedan impedir la circulación del vehículo si se sospecha que están bajo los efectos del alcohol o las drogas. No se requiere prueba de alcoholemia. No interviene ningún agente de policía. El diagnóstico lo realiza un software.
Una vez bloqueado, el vehículo puede negarse a arrancar o restringir su funcionamiento, y aquí radica el problema crucial: no existen normas federales que definan cómo un conductor puede salir de ese bloqueo. No hay un proceso de apelación obligatorio. No hay un plazo de reinicio establecido. No hay revisión humana. Los conductores quedan atrapados en lo que los críticos denominan ahora una "cárcel del interruptor de apagado", sin una salida clara.
No se trata de una aplicación selectiva de la ley. Se aplica a todos los conductores, en todo momento, independientemente de su historial de conducción.