El Southern Poverty Law Center duplicó con creces sus ingresos en los meses posteriores a la mortal manifestación "Unite the Right" de Charlottesville en 2017, un aumento que ahora está generando un renovado escrutinio después de que una acusación del Departamento de Justicia alegara que el grupo pagó a un informante vinculado a los organizadores del evento.
La manifestación de 2017, que dejó una mujer muerta, se convirtió en un punto de inflexión cultural en torno al nacionalismo blanco y la violencia política, lo que provocó una condena generalizada y un aumento considerable de las donaciones a grupos de derechos civiles, incluido el SPLC. Las consecuencias también influyeron en las elecciones presidenciales de 2020, ya que la respuesta del presidente Donald Trump —incluidas sus declaraciones sobre "gente muy buena" en ambos bandos— fue duramente criticada por la izquierda, y el expresidente Joe Biden citó posteriormente Charlottesville como una de las razones por las que se presentó a las elecciones.
Durante años, la izquierda utilizó la manifestación "Los judíos no nos reemplazarán" de 2017, "Unite the Right", como prueba del antisemitismo rampante en la derecha . Resulta que fue financiada por el SPLC, una organización de izquierda que supuestamente financió a los organizadores, supervisó publicaciones racistas y coordinó el transporte. "Increíble", escribió la periodista Batya Ungar-Sargon en X, una de las muchas conservadoras que argumentan que las acusaciones plantean dudas sobre si el uso de informantes pagados por parte del SPLC pudo haber contribuido a amplificar o facilitar la actividad extremista.